Centros de diálisis acuden al Presidente Boric por crítica situación económica y piden reajuste en Ley de Presupuesto 2024

Entre los numerosos conflictos abiertos en el área de la salud entre los privados y las autoridades de Gobierno, uno de los principales frentes es la crisis que denuncian los operadores de centros de diálisis, los cuales atienden al 90% de los pacientes con patologías renales que necesitan estas prestaciones, especialmente en regiones.

Con una cobertura de atención de más de 25 mil personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC), esta actividad registró pérdidas por los $ 19 mil millones, en tanto para este año, las cifras en rojo llegarán $ 21 mil millones, de acuerdo a la Alianza Diálisis es Vida, creada en 2022 por cinco organizaciones de la sociedad civil que agrupan a pacientes, médicos, enfermeras y prestadores con el objetivo de crear conciencia sobre la realidad de estos tratamientos en el país y las amenazas a su sostenibilidad.

“El sistema de diálisis no puede aguantar un año más en esta situación. En los últimos años, la sostenibilidad del sistema se ha visto amenazada por decisiones arbitrarias de la autoridad, mayores exigencias sanitarias en favor de los pacientes, los efectos de la pandemia y una alta tasa de inflación, aspecto que ha golpeado duramente a los 230 centros de diálisis del país”, alertó la asociación. En esta línea, subraya que al escenario actual se suma el ingreso de más de 5 mil pacientes ERC a tratamiento de hemodiálisis de acuerdo a la tendencia de los 10 últimos años, lo que significa un crecimiento anual de 3,4%.

Dada la alta incidencia de este sistema para el conjunto de la población, un punto decisivo para su funcionamiento es el arancel que fija Fonasa anualmente. Por eso, el sector inició gestiones ante las autoridades en el marco de la discusión en la Ley de Presupuesto 2024, con el propósito de “incluir los fondos necesarios para subsanar la grave crisis de sostenibilidad que afecta a la diálisis en el país, incorporando un 15% de aumento en los recursos para hemodiálisis y peritoneodiálisis, lo que correspondería a $ 43 mil millones para todo 2024”, indicó la Alianza Diálisis es Vida, quien sostiene que la necesidad de estos fondos es “solo para equiparar los costos de la prestación, y nos permitirá que volvamos a centrarnos en mejorar la salud renal de los chilenos con el fin otorgar una atención oportuna y de calidad”.

Para visibilizar la urgencia de esta situación, la Alianza Diálisis es Vida -junto parlamentarios de la Comisión de Salud de ambas Cámaras- entregarán esta mañana una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric más de 8 mil firmas de pacientes, funcionarios de salud y centros de diálisis, donde solicitan que “se incluya un reajuste al arancel de esta prestación en la Ley de Presupuesto 2024 que permita resolver la grave crisis de sostenibilidad del sector y así evitar poner en riesgo la continuidad del tratamiento”.

La actividad está prevista para las 9:30 hrs. de hoy lunes.

El origen de la crisis

La alianza indica que la crisis de los centros de diálisis comenzó en 2021 a partir de una licitación de Fonasa que “priorizó criterios economicistas por sobre la calidad y la atención de los pacientes”, lo cual se agravó en marzo de 2022 cuando la anterior administración del seguro público “anunció a los prestadores adjudicados que no habría ajuste del precio licitado, a pesar del alto nivel de inflación que ya existía a esas altura, hecho que produjo una desconexión de los aranceles de Modalidad de Atención Institucional (MAI), perjudicando la sostenibilidad de todo un ecosistema y la atención de los pacientes”.

La organización recuerda que un estudio de costos encargado por Fonasa a la Universidad de Chile para el periodo 2022 para determinar el costo promedio por sesión de hemodiálisis -con el fin de definir un reajuste del arancel adecuado- que se aplicaría en 2023, estableció que los prestadores de diálisis funcionaron con un 10% de pérdida en promedio en ese ejercicio, en tanto para 2023 proyectó pérdidas equivalentes a un 20,4%.

Como resultado de lo anterior, señalan “Fonasa realizó en abril de 2023 un ajuste de 6,3% para la prestación sin trasladado y de 13,6% para la prestación con traslado”. Sin embargo,  enfatizan que este incremento “no fue suficiente para subsanar la crisis, haciendo caso omiso al estudio de costos encargado por la misma autoridad sanitaria”.

Luego, FONASA se abrió a generar un nuevo proceso de licitación para fines de 2023, para lo cual realizó “una consulta simple y no vinculante a todos los prestadores de diálisis para sociabilizar el nuevo proceso de licitación, tras lo cual -en un proceso a puertas cerradas y poco transparente- se informó que se desechaba dicha vía porque 1/3 de los prestadores no estuvieron de acuerdo”. En este contexto, añaden Fonasa ha señalado que “la única solución es esperar a 2025 que entre en vigencia la nueva licitación, mientras los 25 mil pacientes y 10 mil funcionarios de salud continúan en incertidumbre”.

La alianza enfatiza que como resultado de esta situación, “la mayoría de los centros de diálisis están sobreviviendo en base a créditos, deudas o postergando el pago de sus proveedores. Pero esto no es infinito ni sostenible en el tiempo”.